Por: Tanya Ochoa Mora.
En el primer semestre de 2026, Ecuador registró un promedio de una agresión diaria contra periodistas. Sin embargo, el dato más revelador no es la frecuencia de los ataques, sino su origen, en el que las agresiones estatales contra la prensa aumentaron en un 75,6 %. Mientras el discurso oficial insiste en que existe libertad de expresión, decenas de comunicadores han renunciado, abandonado la profesión o huido al exilio. La pregunta que recorre las redacciones del país es directa; ¿la libertad de prensa en Ecuador existe o solo es un espejismo constitucional?
Contrario a la narrativa que atribuye la violencia solo al crimen organizado, los informes de Fundamedios y la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) demuestran que el aparato estatal se ha convertido en el principal agresor de la libertad de expresión. El hostigamiento digital, los discursos estigmatizantes desde el Ejecutivo y el uso abusivo de la pauta publicitaria conforman una estrategia sistemática para silenciar voces críticas.
El caso de la periodista Gisella Bayona lo resume todo. Tras cuestionar el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad, enfrentó una campaña coordinada de desprestigio en redes sociales con expedientes manipulados e insultos contra su familia. Su renuncia pública con la frase “Señor presidente, usted ganó” no fue un acto voluntario, fue la confirmación de que la llamada “censura tercerizada” logra su objetivo, que el periodista se silencie solo para proteger a los suyos.
La investigación del caso Progen, que demostró un contrato eléctrico con presunto perjuicio de más de 100 millones de dólares, desató una cadena de represalias que evidencia el verdadero estado de la prensa ecuatoriana. El secretario de la Administración Pública difundió un video señalando los logotipos de Diario Expreso y Ecuavisa, medios de comunicación del país, acusándolos de impulsar narrativas contra el Gobierno.
Las consecuencias fueron inmediatas y las repercusiones tales que impulsaron al reportero Hernán Higuera a abandonar la investigación por amenazas contra su familia; el columnista Roberto Aguilar fue desvinculado de Diario Expreso tras criticar el video oficial; y el caricaturista Xavier Bonilla renunció a Diario El Universo denunciando censura interna. A esto se suma la política oficial de “no pautar con medios que dan palo todos los días”; no se prohíbe publicar, se asfixia financieramente a los medios independientes para obligarlos a moderar su línea editorial, donde el periodista Fabricio Vela es prueba de ello: renunció a su espacio luego de que el medio intentara frenar una entrevista incómoda para el Gobierno, priorizando la pauta publicitaria estatal sobre la independencia editorial.
Por otro lado, en provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena y Esmeraldas, el crimen organizado ha impuesto una hegemonía del miedo. Los periodistas locales admiten que es imposible investigar temas relacionados con el narcotráfico, extorsiones o nexos políticos si quieren seguir con vida. El resultado son territorios enteros donde ya no existen denuncias de parte de los medios de comunicación; solo se replican boletines oficiales de la Policía o las Fuerzas Armadas. Allí, la libertad de prensa no es un espejismo; es una ausencia total.
La evidencia es contundente. Ecuador mantiene en su Constitución la garantía de la libertad de expresión, pero la práctica cotidiana se convierte en letra muerta. Los periodistas que investigan corrupción son estigmatizados, amenazados o despedidos. Los medios que fiscalizan al poder pierden publicidad estatal. Los reporteros que cubren el crimen organizado deben elegir entre el silencio o el exilio. La libertad de prensa en Ecuador existe formalmente, pero se está desvaneciendo como un espejismo visible en el papel, inalcanzable en la realidad.
Si quienes tienen el deber de informar ya no pueden hacerlo sin miedo, ¿podemos seguir llamando democracia a un país donde la libertad de prensa es solo un espejismo?
