¿Qué pecados estamos pagando los peruanos? Me pregunto yo y de seguro millones más. Los congresistas de este quinquenio, en su gran mayoría, llegaron con la consigna de destruir el país con tal de proteger a las organizaciones moralmente oscuras a las que pertenecen y tener la potestad de enriquecerse a costa del fisco nacional. Nada cercano a su labor, legislar a favor del pueblo, de esa gente que les dio el poder de representarlos. Ahí otro de los grandes problemas de la política peruana, los “políticos” se creen superiores a la gente de a pie, no comprenden algo tan básico como el concepto de representación.
Volviendo al caso del congreso, esta antesala explicaría por qué sacaron una ley que beneficia directamente a organizaciones criminales, y me enfoco en esto particularmente porque es la causante directa de la radicalización de las extorsiones y asesinatos que acaban de desatar una ola de pánico y sangre en la capital Lima y la provincia constitucional del callao. La Ley N°32108, más conocida como ley pro delincuencia, que modifica la definición de crimen organizado y obliga a que los abogados de los imputados estén presentes en los allanamientos se convirtió en el escudo que los ampones necesitaban para tomar el control de las calles.
La situación acorraló a los transportistas y comerciantes, los más afectados, por eso desde el jueves 10 de octubre se convocó a un paro nacional desde diversos frentes gremiales con un objetivo claro, en primer lugar la derogatoria de la nefasta ley pro delincuencia y que el ejecutivo encabezado por la señora Boloarte destituya de ministro del interior Juan José Santiváñez, un hombre que desde su llegada a la cartera ministerial inicio una cacería de brujas contra medios de prensa independientes y policías honestos ajenos al régimen casi dictatorial de la presidente y los parlamentarios. Es lamentable que pese a la masiva manifestación el pacto de gobierno se niega a ver la realidad y con cifras maquilladas sobre su supuesta lucha contra la delincuencia juran que ya engañaron a la población.
Ni el estado de emergencia en varios distritos de Lima y Callao evitaron que las calles del centro de Lima y algunas de las principales vías de acceso en la ciudad se vean repletas de un mar de personas hartas del crimen y también de gobernantes aliados de esa criminalidad. En este punto uno ya no concibe la idea de corrupción o ambición desmedida, estamos frente a un claro síntoma de inhumanidad de la vergonzosa clase política que hoy tiene el poder en el Perú.
Por diversas razones, más espirituales que objetivas, dentro del “corazón” de los peruanos aún está encendida la llama de la lucha por la justicia y la dignidad humana. No olvidemos que fue esta misma gente quienes pusieron a las autoridades que ahora son altamente repelentes, y así con todo, la autocrítica y las ganas de buscar un país mejor impulsa a los peruanos a levantar su voz de protesta. Confiamos en que el cambio es posible. No todo está perdido.
Por Emilio Gómez
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