La práctica de esterilizaciones forzadas, que fue impuesta por la dictadura fujimorista entre los años 1996 y 2000, fue condenada la semana pasada por la Organización de las Naciones Unidas como un crimen de lesa humanidad.
Lo que había sido maquillado como una política de cuidados para la población, con una práctica de anticoncepción voluntaria, se transformó en una política de esterilización forzada en la que más de 300 mil personas resultaron ser víctimas.
Esto fue condenado recientemente por la ONU, a través de su comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que dictaminó que estas políticas constituyeron una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional, particularmente contra mujeres indígenas, rurales y de sectores populares y empobrecidos.
En La Hora del Terere conversamos con María Esther Mogollón, periodista, feminista, activista por los derechos humanos y actualmente asesora de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, AMPAEF. Ella nos contó con detalles que médicos/as, enfermeras/os, promotores de salud y otros trabajadores se habían visto involucrados en contra de mujeres campesinas pobres, indígenas y quechuahablantes.
La AMPAEF ha recibido las denuncias de que 18 mujeres han muerto a consecuencia de este procedimiento que se llevó a cabo contra la voluntad de estas personas. Lo que debió ser una política informativa de acceso a métodos anticonceptivos o incluso a la anticoncepción quirúrgica se convirtió en la violación de derechos humanos de más de 300 mil mujeres y más de 22 mil hombres.
Una cadena de violencia que iba desde no respetar el consentimiento informado, secuestros, amenazas y hasta tortura, de acuerdo con lo que las víctimas han declarado en este proceso. María Mogollón relató que las víctimas eran detenidas arbitrariamente en sus casas o mientras iban caminando rumbo al mercado y no se les explicaba nada acerca del método al que se les iba a someter. En algunos casos las engañaban diciendo que iban a ser sometidas a un chequeo médico.
En el caso de algunas mujeres que recién habían dado a luz se les decía que debían ser sometidas a un procedimiento de limpieza o directamente eran amenazadas de que debían operarse, o de lo contrario no se les entregaría a los bebés que acaban de parir. A otras se las amenazaba diciendo que si no se sometían a estas operaciones los esposos iban a ir presos.
A todo esto, se deben sumar los malos procedimientos que se desarrollaron en las distintas intervenciones porque se llevaban a cabo en carpas o en centros médicos sin salas de operaciones. Las personas que salían de una intervención se encontraban con otras que acababan de ser intervenidas guardando reposo en los pasillos, con las batas ensangrentadas, algunas en camillas otras en el suelo.
“Una de las denunciantes contó que al salir de su operación se encontró con diez o doce compañeras en el piso, con las batas manchadas” nos relataba Mogollón.
Las víctimas no solo lidiaron con el atropello contra su humanidad, sino que posteriormente a esta barbarie tuvieron que enfrentarse a cuadros depresivos y otras afectaciones a su salud mental a lo largo de estos años. La discriminación y el racismo que sufrieron antes y después de estos atropellos generaron heridas profundas en las comunidades.
La CEDAW recomienda al Estado peruano: Indemnizaciones financieras adecuada a las víctimas y sus familiares por los daños de salud física y psicológica sufridas. Asistencia psicológica para las víctimas y sus familiares. Recomienda asimismo, tomar medidas adecuadas para investigar los hechos y para implementar un programa de reparaciones integrales, incluida una indemnización para todas las mujeres comprendidas en el REVIESFO (Registro de Victimas de Esterilizaciones Forzadas).
